Santa Rosalía, Baja California
Sur.-
Por unanimidad de votos, el Congreso del Estado aprobó a finales del año pasado
adiciones y reformas a la Constitución del Estado y a la Ley de Coordinación Fiscal para
que a partir del 1 de Enero de 2016 las dependencias como Control Vehicular, Registro Civil y Registro Público de la Propiedad
y del Comercio
(que antes de la aprobación referida pertenecían a los Ayuntamientos) pasaran a
ser administrados por el Gobierno del Estado.
El objetivo de esta que sería conocida como “La Ley Mendoza” era
para buscar el incremento del rubro de ingresos propios y con ello la
administración estatal estar en condiciones de recibir mayores recursos a
través de las participaciones federales en virtud de su incremento de captación
de recursos propios.
En el dictamen presentado por las
comisiones correspondientes se señaló que en la iniciativa enviada por el Gobernador
del Estado se anunciaba que si una entidad federativa mejoraba en su desempeño
económico más que otras entidades “la fórmula” lo premia dándole mayores
recursos del denominado Ramo 28.
A según de la Secretaría de Hacienda, Baja
California Sur es el último lugar de los estados del país en recaudación de
derechos locales debido al “modelo fiscal” con el cual nace el estado precisándose
que esta reforma se propone dado que
otras entidades federativas del País contabilizan una mayor recaudación de
derechos locales que la nuestra.
Los derechos por conceptos de Control
Vehicular, Registro Civil y Registro Público de la Propiedad y el Comercio no
se podían registrar por parte del Gobierno del Estado por estar administrados
por los municipios por lo que anualmente las administraciones municipal y
estatal perdían la oportunidad de bajar una mayor cantidad de recursos
federales vía el Ramo 28.
 |
| El pago en los tramites vehiculares se elevaron considerablemente en prejucio de los ciudadanos gracias a la mentada "Ley Mendoza". |
A partir del primero de enero de este año,
el Gobierno del Estado de Baja California Sur empezó a recaudar todo el ingreso
que en las dependencias antes descritas se percibe por el pago de diversos
servicios, la contraparte seria que mientras el gobierno estatal mejora en sus
captaciones e ingresos por estos conceptos al ciudadano o contribuyente le vino
a dar en toda su economía y es que al pasar a ser dependencias del gobierno del
estado los costos o precio de trámites que en estas oficinas recaudadoras se
hacen se elevó en algunos casos hasta en un 90%.
Cuando los Ayuntamientos del Estado controlaban
el denominado ahora Control Vehicular, el Registro Público de la Propiedad y
Registro Civil la ciudadanía podía gozar de algún descuento e incluso hasta de
condonaciones en rezagos, recargos e infracciones de tránsito y a la vez
trabajadores del propio ayuntamiento gozaban de convenios vía nomina por
conceptos de placas, engomado, revistas y licencias de conducir entre otros.
Hoy; esto quedo en el olvido y a partir de
enero pasado ya no se puede gozar de este tipo de convenios de pago y en cambio
sufrimos de alzas (por cierto muy elevadas) en pagos relacionados con el Control Vehicular
los cuales alcanzarían un aumento de 70, 80 y hasta del 90% y un claro ejemplo
seria que durante la administración municipal anterior el costo de las
licencias de conducir oscilaban entre los 560 y 790 pesos, hoy; las licencias de
conducir de automovilista cuestan poco más de 800 pesos y las de chofer arriba
de mil pesos.
Por si fuera poco, el precio de los
permisos para conducir sin placas casi se iguala con el costo del emplacado
de la unidad automotriz ya que ahora por obligación el propietario de vehículo que desea un permiso para
circular sin placas debe presentar el registro del automovil el cual tiene un
costo aproximado de casi 500 pesos amén de que le sume el pago por concepto de
“verificación” de la unidad.
Por último y con respecto al régimen que
mantendrán los trabajadores de estas instancias municipales es claro el
Artículo 4 Transitorio que señala será el trabajador quien decida si quiere
pasarse al gobierno estatal o permanecerá en el municipal siempre en pleno
respeto a sus derechos laborales.
